Colombia, la cultura de la muerte

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El origen de los antioqueños se remonta a la época de la Conquista, cuando los Reyes
Católicos desalojaron a los moros de España y exigieron a los judíos que querían quedarse
allí, que cambiaran su religión por el catolicismo. M uchos de ellos prefirieron abandonar el
viejo mundo y llegaron a esta región, cambiando sus apellidos. Por eso se llamaron «judíos
conversos». El antioqueño tiene características propias que lo diferencian del resto de los
colombianos. Una de ellas es su gran habilidad para las ocupaciones relacionadas con el c omercio,
y la otra actividad a la que se dedican con marcada afición, es a la cría de caballos
pura sangre.
Por su posición geográfica, Colombia es un punto de enlace entre los grandes mercados
consumidores y las regiones productoras de estupefacientes. Esta posición de «privilegio»
para el tráfico de drogas, sumado al entorno s ocial de desocupación y pobreza, hicieron el
blanco fácil al impacto del crimen organizado que apuntó hacia allí toda su artillería y sentó
sus bases de poder.
En Envigado y Medellín el narcotráfico, buscando preservar su riqueza ilícita, dio origen
al sicariato1. Su estructura, sustentada en el poder económico de la mafia, fue adquiriendo
las proyecciones de un verdadero ejército, dispuesto a ejecutar homicidios y atentados
terroristas de cualquier índole, a cambio de la paga de ingentes cantidades de dinero que
presuponen un rápido enriquecimiento.
En Medellín existen escuelas donde educan niños para ingresar al negocio del crimen,
a los 12 o 15 años ya están preparados para ser lanzados. A diferencia de casi todos los delincuentes,
el sicario se preocupa en hacer saber a todos, cada una de sus «proezas». De acuerdo
a su escala de valores, las armas y el terror son los instrumentos de poder que le permiten
ganar el respeto y la admiración en su barrio. Cada chico quiere escalar posiciones dentro de
la estructura jerárquica de la organización. Para alcanzar esta meta, se someten a pruebas
absurdas de valor criminal, llegando a asesinar a sus mejores amigos o a sus novias, como
muestra de sangre fría y lealtad hacia sus jefes. En los últimos tiempos se introdujeron cere-
1 Sicariato: organización compuesta por jóvenes de áreas pobres de Medellín al servicio del narcotráfico.
 
monias para el ingreso de nuevos reclutas a las bandas. Una de ellas, consiste en atrapar un
gato negro, cortarle la cabeza y beber su sangre mezclada con vino tinto. Según sus creencias,
por medio de este rito adquirían la agilidad felina en sus movimientos y también les permitía
ver en la oscuridad.
Lo único que identifica al sicario es su «alias» porque cada vez que tiene una orden
de captura, cambia su filiación por medio de documentación falsa. Tal es el caso de la “Quica”,
un jefe de sicarios, que al ser capturado por el ejército permaneció seis días bajo interrogatorio
sin conocerse su verdadera identidad. Un llamado telefónico anónimo, reveló que se
trataba de Francis Muñoz Mosquera, quien tenía en su haber más de 50 asesinatos y se
había fugado espectacularmente de la cárcel de Bellavista dos años antes. Pagando una considerable
suma de dinero a la Registradura del Estado Civil, cambió su identidad.
Para caracterizar esta situación, la prensa acuñó expresiones como la generación del
no futuro y la cultura de la muerte2. Estas terminologías se hicieron comunes en discusiones
y foros organizados para estudiar el fenómeno de los sicarios. La primera de estas frases dio
origen a la película Rodrigo D. No Futuro, dirigida por Víctor Gaviria, presentada con gran
éxito en el Festival de Cine de Cannes. Los coprotagonistas eran chicos del barrio en que se
filmó. Tres de ellos fueron asesinados durante el rodaje, a los demás los mataron antes de
que se estrenara la película. El único sobreviviente fue el protagonista, que es un actor profesional.
«Uno se pone a pensar que más tarde le pueda ir mejor trabajando. ¡Qué va! Lo único
que hay que hacer es coger cartel para que le llegue algún día un buen cruce, y uno pueda llenarse
de plata y morirse tranquilo»3. Estas declaraciones sintetizan la pérdida absoluta del
concepto de futuro que sufre la última generación de las zonas marginales. Su expectativa de
vida no excede los 30 años, vividos día a día como si fuera el último.
La muerte es para ellos la liberación de la dura carga que significa el e sperarla en cada
cruce (tarea). Por eso en vez de llorar, los sepelios son verdaderos festejos donde se organizan
cenas y se bebe en abundancia. Tampoco falta la música y el baile, del que hasta el mismo
difunto participa. En horas de la madrugada, sus amigos lo sacan del féretro para tomarse
2 El primero que empleó estos términos para identificar este fenómeno social fue el General Harold Bedoya,
comandante de la IV Brigada, en Medellín.
3 «Los Sicarios en Medellín», Ed. Capriles. Caracas 1992, Venezuela.
 
fotografías bailando con él, las que los sobrevivientes guardarán como último testimonio de
su existencia.
Los sicarios ocupan el nivel más bajo dentro de los niveles operativos del narcotráfico,
muy pocos de ellos, en reconocimiento a su destreza, llegan a ser capos. En general son
calificados como desechables en razón de que por cada uno que es eliminado, hay diez o
doce chicos esperando una oportunidad de ingresar a sus filas. El cartel de Medellín contrató
oficinas (grupos) encargadas de limpiar a los sicarios que ejecutan los asesinatos, para salvaguardar
a los autores intelectuales de los atentados. Uno de los encargados de estas oficinas,
declaraba: «A uno le piden que cuanto menos gente sepa del cruce, mejor. Los clientes se cuidan
mucho. Y hasta tienen razón, porque es mucho lo que ponen en juego. Por eso hay que barrer
con todos los traqueteros después de cada negocio. Hay que hacerlo por la seguridad de todos»4.
Los sicarios profesan una profunda devoción hacia la madre, compartida con la virgen
María Auxiliadora, en quien glorifican las bondades de sus propias madres. La violación
del sagrado mandamiento de no matar, no los hace caer en contradicción por pedir a la virgen
protección y éxito en sus actividades criminales, según puede apreciarse en el siguiente
testimonio:
«El que traquetié (mate) y no se encomiende a la Virgen, seguro que se lo lleva el putas
(demonio). Yo le rezo casi todos los días, y más cuando estoy en grave billete (sin dinero). Le
digo: virgencita linda sacame de esta olla tan verraca (pozo); traéme cruces buenos y déjame
hacerlos bien, para darle billete (dinero) a mi cucha (madre). Que ella no tenga que matarse
tanto para conseguir la comida. Si vos no disponés que me vaya (muera), me voy con gusto
porque vos me vas estar esperando. Pero por lo que más querás, por chuchito (Jesucristo) lindo,
no me dejés caer en la cana (cárcel); matame antes de la ley me caiga y me mande para allá».
(Manuel F., «Caney», 22 años5.
En 1984 el ejército no tenía ninguna responsabilidad en las operaciones antinarcóticos;
no había voluntad política para combatirlas. La introducción ilegal de narcóticos a los
Estados Unidos, se incrementó y con el dinero obtenido se infiltraron todos los organismos
del Estado. Esto se comprobó por ejemplo, cuando fue detenido «Chirusa», jefe de la organización
de sicarios de Pablo Escobar. Este le preguntó al oficial que lo había apresado, si
acaso no sabía que era él quien pagaba el mantenimiento de los vehículos de la Sección de
Inteligencia de la Cuarta Brigada. Esto fue efectivamente comprobado, pero cuando recu-
4 «Los Sicarios en Medellín», op. cit.
5 Ibídem.
 
peró su libertad, salió tan enojado con el ejército, que no volvió a aportar ni un solo peso
para el mantenimiento de los carros.
Hubo dos épocas en que el estado colombiano declaró la guerra al narcotráfico. La
primera fue en Bogotá, el 30 de abril de 1984, a raíz del asesinato del ministro de Justicia
Rodrigo Lara. La segunda, como respuesta al asesinato del candidato presidencial Luis Carlos
Galán Sarmiento, muerto en Soacha el 18/9/89. Ambos crímenes fueron ordenados
por el Cartel de Medellín.
1989 fue la época más cruda de la lucha contra la droga. En Medellín el precio de dos
kilos de pasta de coca era de u$s 1.000.- Cumplido el proceso de refinamiento se reducía a
un kilo de clorhidrato de cocaína cuyo valor era de u$s 3.000. y vendido por gramo su precio
alcanzaba los u$s 35.000. El negocio en gran escala, eran embarques semanales de 1.000 o
2.000 kilos.
Por entonces, Pablo Escobar prometió pagar 2 millones de pesos por cada p olicía
muerto en Medellín. Los sicarios aprovecharon la ocasión para vengarse de los uniformados.
en los primeros tres meses de ese año, murieron 150 policías.
Este jugoso comercio ilícito, que hace posible que se enriquezcan de la noche a la
mañana miles de personas, ha engendrado una nueva cultura donde el valor de las cosas no
está dado por el trabajo, lo que provocó que una gran parte de la población se dedicara a
ganarse la vida imponiendo la voluntad de sus c apos a cualquier precio. Pablo Escobar, jefe
del Cartel, es mirado con admiración por muchos de ellos porque les enseñó la manera de
conseguir grandes fortunas con poco esfuerzo, llegando a convertirse en figura pública
haciendo política en los barrios populares.
En 1990 en el barrio de Aranjuez fueron asesinados dos soldados voluntarios que
cumplían tareas de inteligencia para capturar al “Pana” o “Panadero”, jefe de una banda de
sicarios. En este barrio se alojaban más de 3.000 asesinos a sueldo del Cartel de Medellín. La
«ley del silencio» respetada por todos los vecinos, era impenetrable para la fuerza militar. A
partir de este hecho, se inició el procedimiento denominado «el raqueteo» que consistía en
un registro minucioso, casa por casa, de todo un barrio previamente acordonado. Los sospechosos
eran llevados a una escuela cercana, llamada «Simona Duque». Estos procedimientos
eran realizados sin orden judicial, porque ningún juez se atrevía a firmarla. Como represalia,
 
la directora de la escuela, Fabiola del Rocío Loaiza Alzate, fue asesinada por un sicario, por
haberse negado a liderar la protesta para que el ejército se retirara de la escuela.
Concluida la ocupación de los barrios se solicitó a la Dirección de Instrucción Criminal
un reporte oficial sobre la situación de 970 delincuentes puestos por el ejército a órdenes
de jueces subalternos de esa dirección. Aunque no hubo respuesta por esta vía se averiguó
por otros métodos, que de los 970 detenidos, sólo 86 permanecían en la cárcel, 68
habían muerto y el resto había sido puesto en libertad6.
El Dr. Julio Matis, inspector del Departamento de Seguridad y Control del Municipio
de Envigado, buscó refugio en la Cuarta Brigada. Varios agentes que trabajaron con
él, al enterarse que pensaba dejar el puesto, lo buscaron para «silenciarlo» porque estaban
seguros de que él sabía muchas cosas. Al ser interrogado sobre «esas cosas» comienzó a dar
detalles sobre el accionar de sus perseguidores:
«Los agentes salían por las noches a conseguir sospechosos. Bastaba que un vehículo
tuviera placa de Cali, para que sus ocupantes fueran investigados. Los capturaban
de inmediato, y sin aceptar ninguna explicación, eran sometidos a interrogatorio
en sus oficinas. Quien fuera sospechoso de alguna relación con el cartel
de Cali era encerrado.
Los calabozos del fondo estaban destinados a las próximas víctimas que harían
desaparecer. Ataban al detenido, luego le ponían esparadrapo en la boca y en
horas de la madrugada era llevado a alguna de las vías despobladas de las montañas
que rodean a Envigado. Allí era asesinado a golpes de hacha.
Al día siguiente, regresaban al mismo lugar, con un inspector, levantaban el
cadáver y, si era reclamado, lo entregaban a sus familiares informando que desconocían
completamente quiénes eran los autores del crimen»7.
Días más tarde se presentó otra empleada del Departamento de Seguridad y Control,
Marta quien había sido agente del mismo departamento. Le dieron 35 hachazos para
asesinarla y se salvó milagrosamente gracias a su chaleco. Otro caso fue un informante del
Departamento de Seguridad y Control, Eleázar López. Los agentes de ese departamento le
hicieron varios disparos, fue a lcanzado por cinco pero logró escapar con vida y fue recibido
en la brigada con su esposa y sus hijos. El general Harold Bedoya, con oficialidad bajo su
mando, trató de organizar algo parecido al programa de protección de testigos de la justicia
6 «Mi Guerra en Medellín», Intermedio Editores Bogotá 1992.
7 Ibídem.
 
federal de los Estados Unidos. Solicitó el traslado a Medellín de varios jueces de orden público
para que iniciaran una investigación de todos los casos denunciados. Cuando la situación
de orden público se agravó en la Brigada llegaron a tener alojados a 20 jueces de orden
público, 40 secretarios y peritos enviados desde Bogotá y a más de 30 testigos.
Meses antes habían estado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur,
sacrificado en trágicas circunstancias, el ex alcalde William Jaramillo Gómez y, en la campaña
electoral el liberal César Gaviria Trujillo8. Doce de los responsables de los crímenes
fueron capturados y remitidos a la Penitenciaria Nacional de La Picota, Bogotá, pues ninguna
de las cárceles de Medellín garantizaban su seguridad. Este programa improvisado de
protección de testigos, fue un esfuerzo más en la búsqueda de la paz para Medellín. Ningún
organismo de seguridad del Estado quiso responder por los gastos de los testigos. El general
Bedoya en rueda de prensa difundió en forma amplia las graves acusaciones que pesaban
contra los agentes.
En febrero de 1990 dio comienzo una nueva operación de «raqueteo» en Envigado
para dar la ofensiva final. Si Medellín es la capital mundial del narcotráfico, Envigado es el
cuartel general de los narcotraficantes. Ha sido elegido como centro de operaciones por las
facilidades que tienen para actuar. El Alcalde es un agente incondicional de Pablo Escobar
Gaviria y de la familia Ochoa, creador del «Departamento de Seguridad y Control», una
policía civil al servicio de los capos.
El Concejo Municipal, que cumplía órdenes del narcotráfico, publicó un Acuerdo
donde señalaba a los militares y a sus procedimientos, como violadores de los derechos
humanos, obteniendo buen eco no sólo en la prensa, sino en cuanta comisión de derechos
humanos existía a la redonda.
El dinero pagado por las mafias del narcotráfico en asesinatos y actos terroristas en
Colombia, según datos oficiales, alcanzó unos 70 millones de dólares entre 1984 y 1990.
Ante tal volumen de «grandes negocios» la población marginal de Medellín fue incorporándose
a la industria de la muerte, única salida al desempleo que desató la mafia, después de
sentir los primeros embates de la ley. La industrialización del proceso para convertir la hoja
de coca en cocaína y las nuevas modalidades para su transporte, dejaron sin ingresos a centenares
de personas que vivían de llevar la droga en pequeñas porciones hacia los centros
8 Actualmente Secretario General de la OEA.
 
mundiales de consumo. Poco a poco, los desocupados terminaron formando parte de la o rganización
delictiva.
La fuerza de la mafia colombiana como organización se debe, en gran parte, al sello
militar en el planeamiento y ejecución de sus acciones. Si bien nació como un poder alrededor
de familias y grupos como los Escobar y los Ochoa, muchos oficiales retirados del ejército
y la policía se han vinculado a los ejércitos de sicarios de los narcotraficantes, aportando
los recursos necesarios para conformar una máquina militar perfecta. Convertidos en piezas
claves del engranaje de esas organizaciones, garantizaban la seguridad de los capos en sus
desplazamientos y operaciones.
En algunos casos, como el del general Villegas, esta colaboración no se daba espontáneamente,
sino como desenlace de hechos ocurridos en su vida particular. Villegas comenzó
a tener desavenencias en su matrimonio y se consiguió una «amiga» que había sido
pagada por la mafia para convertirlo en informante, aprovechando los secretos que, por su
relación a morosa, conocía de boca del mayor. Esta situación más su adicción al alcohol, a dquirida
en esos tiempos, le valió la baja en la institución. Al abandonar las filas del Ejército,
ocupó el cargo de jefe de seguridad del cartel de Medellín, en especial, de Pablo Escobar
Gaviria y posteriormente de Jorge Luis Ochoa. Una información recibida por el cartel lo
señaló como doble agente y Gaviria ordenó un interrogatorio. Después, su cadáver fue e ncontrado
en la carretera Las Palmas.
Otro caso fue el del oficial de inteligencia Lino Correa. Destacado deportista en
equitación, había participado con éxito en varios concursos internacionales con su hijo, que
heredó el gusto por los caballos. Al poco tiempo de su traslado a Medellín los clubes hípicos
reconocieron las c ualidades que tenía su hijo para montar. El club que lo patrocinó le consiguió
su propio caballo y se hizo cargo de su sostenimiento. La realización de su hijo lo colmaba
de felicidad y agradecía al espíritu deportivo de los antioqueños que la hicieron posible,
la equitación era demasiado costosa para sus medios. El coronel Correa comenzó a i nquietarse
cuando notó que los patrocinadores de su hijo le hacían preguntas un tanto extrañas,
pero decidió alejar esas preocupaciones atribuyéndolas a un sano interés por la milicia.
Para los narcotraficantes cualquier respuesta, por vaga que fuera, les era valiosa y ellos sabían
que no había un solo movimiento que planeara el Ejército que Correa no conociera.
No pasó mucho tiempo para que las respuestas a sus preguntas se hicieran imperiosas
y el oficial de inteligencia se convirtió en informante de la mafia.
 
El fracaso de todas las operaciones para capturar a Pablo Escobar, por sorpresivas
que fueran, llamó la atención del entonces comandante de la Brigada, Ruiz Barrera, quién
ordenó grabar secretamente las llamadas telefónicas de algunos oficiales, ya que la única e xplicación
a esos fracasos era que había un infidente que pasaba información a los narcotraficantes.
Así se registró una c omunicación de Correa pasando información confidencial a uno
de los lugartenientes de Escobar. Entonces fue llevado a un Tribunal Disciplinario y retirado
del servicio. Este oficial corrió mejor suerte que su compañero Villegas, dicen que aún no
ha caído en desgracia y sigue trabajando en el cartel de Medellín.
En el transcurso de esta lucha, los militares han tenido oportunidad de conocer i mportantes
secretos de los narcos. Algunos oficiales, como el mayor Pacheco y el capitán Uscátegui,
los usaron en provecho propio. En agosto de 1990 se tuvo noticia del lugar donde
Gonzalo Rodríguez Gacha, antes de morir, había enterrado una importante suma de dólares.
Sin dar participación a nadie, fueron hasta allí, se apropiaron del tesoro y lo trasladaron a
Bogotá. Al ser descubiertos, abandonaron el país con sus familias y hoy viven como millonarios.
Henry de Jesús Pérez, comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio,
enemigo acérrimo de Pablo Escobar, estimaba que un 50% de los organismos de seguridad
del Estado lo combatía y el otro 50% l o protegía, por lo que resultaba imposible dar con su
paradero. Este sentimiento era compartido por un grupo de oficiales retirados que promovieron
el «Movimiento Moral Militar 3M» declarando la guerra a oficiales y suboficiales que
favorecieran a Pablo Escobar.
El 9 de abril de 1984, a la una y cinco de la tarde, se produjo el asesinato de Gaitán,
líder del partido liberal quien, de no mediar su muerte, habría accedido al poder por un
aplastante triunfo electoral. Su perfil político era social-demócrata y representaba para Colombia
una opción populista comparable a la de Perón en Argentina. Esta comparación está
basada en el nuevo cauce evolutivo propuesto por Gaitán, que implicaba el ascenso de c orrientes
populares y un cambio en los estamentos dirigentes de la república.
Con su muerte, la violencia cobró protagonismo en los cambios políticos y el escepticismo
sobre la legitimidad de los medios democráticos para subir al poder, se instala en la
izquierda y en los sectores populares urbanos y del campesinado. Cerrados los caminos lega-
 
les, se abre paso al poder de las armas y se engendra un desprecio progresivo de la vía electoral.
El doble juego de coyunturas, una doméstica y otra internacional, da origen a la violencia
guerrillera, empeñada en reemplazar el orden democrático por otro de inspiración
marxista. Los grupos guerrilleros FARC, ELN, MPL, y el M19 surgen como réplica a la opresión
política y social ejercida por el Frente Nacional. El clientelismo es otro factor del deterioro
de la situación colombiana, el modelo económico propuesto por la CEPAL restó dinamismo
y apertura al sector privado favoreciendo el crecimiento del sector público. El desarrollo
de monopolios estatales (servicios públicos, aduanas, comunicaciones, puertos) con
fuerte injerencia de la clase política clientista, es generador de burocracia y corrupción.
Este falso concepto de soberanía nacional que practica un desarrollo hacia adentro,
ha determinado un crecimiento insuficiente, a la vez que ha impedido una real apertura en
su e conomía. Se llega así a un Estado, que no logra garantizar el orden público, la seguridad y
la administración de justicia, que interviene en áreas donde el sector privado se manejaría
con más eficacia si tuviera el espacio y la libertad de hacerlo. La ausencia de alternativas r enovadoras,
el desgaste y clientelización de los partidos, la hegemonización en el manejo de la
economía por parte del Estado, han sido factores determinantes de una grave crisis nacional
que transformó la insurgencia en subversión y preparó el campo fértil para que la semilla del
narcotráfico echara sus raíces.
 
Desde los comienzos de la década del 70 comenzaron a surgir diversos grupos que se
dedicaban principalmente al tráfico de marihuana con destino a los Estados Unidos, lo que
produjo la aparición de nuevos ricos, dándose lugar a incidentes como el de un ex magistrado
de la Corte Suprema de Justicia, Julio Salgado Vázquez (que terminaría asesorando
narcotraficantes) a quien se le acercó un mafioso para comprarle su casa por 2 millones de
dólares, cuando su valor no superaba los u$s 500.000. A Salgado Vázquez le pidieron que
hiciera la escritura por el menor valor para que el narcotraficante que la adquiría no tuviera
problemas tributarios, pero una vez realizada l a misma se negaron a pagarle la diferencia, lo
que provocó que el escándalo saliera a la luz.
Otro personaje típico fue Julio Calderón, quien en sociedad con los hermanos Alfonso
y Lucky Cotes, compró la empresa de aviación Aerocóndor. Esta sociedad llevó a la
quiebra a la empresa, no sin antes utilizarla para el lavado de dólares y financiar la construcción
de una sofisticada casa en Miami que se conoció con el nombre de “El Palacio Azul”.
Calderón, también compró la mansión que poseía en La Florida el ex presidente Richard
Nixon, en una negociación que se afirma fue al contado. Fue propietario, en Barranquilla, de
una serie de lujosos hoteles. Sin embargo el despilfarro llevó a Calderón a la ruina, y hoy
trabaja como lugarteniente en la costa atlántica del Clan Ochoa.
FIOCCONI Y LA CONEXIÓN FRANCESA
Para entonces, la especie de marihuana más codiciada en el mercado norteamericano
era la “punto rojo”, que empezó a decaer por dos factores: la pérdida de calidad, y la aparición
de un nuevo producto más cómodo de transportar y con un índice de utilidad superior: la
cocaína. Un kilo de tan preciado a lcaloide llegó a costar casi lo mismo que un buque cargado
de marihuana. A ello se sumó un nuevo elemento, en California comenzó a proliferar un
nuevo tipo de marihuana conocida como “la sin semilla” que se podía cultivar incluso en los
balcones de un departamento.
El período de bonanza de la venta de marihuana generó para la economía “negra” de
Colombia un importante ingreso de divisas, se calcula que en 1978 se introdujeron u$s 1.600
 
millones de dólares en forma subterránea, que comparados con los u$s 1.734 millones ingresados
legalmente por servicios, dan una muestra del poder económico que fueron acumulando
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Cuando llegó un nuevo gobierno, el
de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), se ordenó combatir a todos aquellos que se dedicaban
a actividades inmorales o ilegales, especialmente a los narcotraficantes, pese a que el
eslogan de su campaña política parecía protegerlos: “reduciré la inmoralidad a sus justas proporciones”
9. Muchos creyeron que el país sería encaminado hacia un período de tranquilidad
y legalidad, pero lo que ocurrió en realidad fue muy distinto.
Uno de los casos que sirvió de alerta a los colombianos sobre las proyecciones del
narcotráfico, fue el protagonizado por un francés de nombre Laurent Charles Fiocconi,
prófugo de la justicia de su país y la norteamericana. Este personaje era un importante eslabón
de la organización europea dedicada al tráfico de heroína, conocida como “Conexión
Francesa”. Fiocconi fue capturado en 1970 en Marsella cuando entregaba 100 kilos de
heroína a su jefe, Marcel Boucan, siendo condenado por un juez francés a 15 años de prisión.
A su vez, un tribunal de Nueva York, lo condenó –en ausencia– a 25 años de prisión, lo que
no le impidió ingresar, cuatro años más tarde, clandestinamente a Colombia mediante un
pasaporte falso.
A cambio de una pequeña suma de dinero, Fiocconi se hizo adoptar c omo hijo por
un humilde anciano de Bogotá, a quien luego asesinó, y en 1975 se casó con una colombiana
de apellido Bedoya con quien tuvo cuatro hijos. La Cancillería Colombiana certificó en
1977 que “El Señor Laurent Fiocconi es nacional colombiano, puesto que es hijo de padre colombiano,
nacido en tierra extranjera y domiciliado en la República de Colombia”10.
A estas alturas, este personaje contaba con tres pedidos de extradición en su contra y
ocho sentencias condenatorias en países extranjeros por tráfico de estupefacientes, sin e mbargo,
no fue detenido por ninguno de estos procesos. Debido a haber librado un cheque sin
fondos, fue capturado por autoridades colombianas en agosto de 1977, encontrándose en su
poder varios elementos para procesar cocaína.
Cuando se conocieron sus antecedentes, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia
para que resolviera la viabilidad de su extradición, pero luego de un dilatado proceso –del
que se encargó uno de los estudios de abogados más prestigiosos del país, entre ellos un ex
9 «Los Jinetes de la Cocaína» Fabio Castillo – Editorial Documentos Periodísticos, 1988 Colombia.
10 Ibídem.
 
ministro de la Corte Suprema– y mientras la Sala de Casación Penal de la Corte estaba
considerando que había razones s uficientes para entregarlo a la justicia extranjera, Fiocconi
decidió financiar una operación de fuga en masa con guerrilleros del M-19 que, como él, se
encontraban recluidos en la Penitenciaría de La Picota, en Bogotá.
Con una pequeña bomba lograron derrumbar una pared y huyeron con destino desconocido.
Hasta la fecha nada se sabe del paradero de Fiocconi.
Por esas épocas, a mediados de los 70, Pablo Escobar Gaviria, era conocido como un
simple “gatillero” de los grupos mafiosos colombianos, especialmente vinculado con los bajos
fondos delincuenciales antioqueños, pero sus ambiciones por el poder, poco tardarían en ser
demostradas.
La aparición de Pablo Escobar Gaviria en el mundo policial se registró en 1976, con
26 años de edad, en una indagatoria que le realizaron por estar vinculado al robo de autos.
Allí declaró que tenía como profesión el comercio de automóviles y se dedicaba a la ganadería
y agricultura en general. Dijo poseer un capital de u$s 180.000 a u$s 200.000 y que además
vendía artículos de mármol como lápidas para cementerios11.
Sin embargo, el primer problema que tuvo Escobar con la justicia se r emonta al 5 de
septiembre de 1974, a raíz de una denuncia formulada por Guillermo García Salazar, a
quien le habían robado un vehículo marca Renault 4 de modelo reciente. Cuando la policía
localizó e interceptó el automóvil, e ncontraron a Pablo Escobar tras el volante, quien adujo
que se lo había prestado un amigo de nombre Francisco Jiménez.
La Fuerza policial detuvo a Jiménez y a otro individuo, José Cadavid, de quien sospechaban
había sido el autor material del robo. Meses más tarde, los tres hombres fueron
sometidos a un careo y los testimonios comprometían a Escobar y señalaban que tenía montada
una organización dedicada al robo de autos.
Sin embargo, el proceso se demoró en forma inexplicable y dos años después, cuando
se prestaban a condenar a Escobar, tanto Francisco Jiménez, José Cadavid y el denunciante
García Salazar, aparecieron muertos a balazos, lo que paralizó el proceso en forma defi-
11 «Los Jinetes de la Cocaína» op. cit.
 
nitiva (por haber desaparecido los testigos de cargo), logrando Escobar un sobreseimiento
provisorio.
Pablo Escobar fue vinculado a un nuevo proceso penal en junio de 1976 en momentos
de ser capturado en una zona cercana a Medellín junto a su primo Gustavo Gaviria
Rivero, James Espinoza, Hernando Bolívar, su cuñado Mario Vallejo y Marco Hurtado
Jaramillo. En su poder se e ncontraron 18 bolsas de polietileno que contenían 39 kilogramos
de cocaína de máxima pureza.
La historia de este operativo se inició dos meses antes, cuando el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) recibió informes que se estaba montando una organización
de narcotraficantes en Medellín, conducidos por Pablo Escobar y su primo Gustavo
Gaviria. Según dicho informe, los traficantes recibían cocaína de Ecuador introduciéndola
en camiones que aparentaban transportar llantas para automóviles, para luego llevarla por
vía aérea a los Estados Unidos.
Un oficial del ejército de nombre Monroy Arenas, decidió montar un operativo y
envió a dos de sus agentes en un camión a hacer el mismo trayecto que el vehículo de los
traficantes. El objetivo consistía en que se hicieran amigos de los choferes y recaudaran la
mayor información posible. Ambos agentes fueron descubiertos y alegaron haber pasado al
bando de la delincuencia habida cuenta que sus sueldos no eran suficientes como para mantener
a sus familias. Ante ello, se realizó una reunión en una c onfitería de la ciudad colombiana
de Itaquí en la que participaron los agentes policiales, los choferes del camión, Pablo
Escobar y su primo Gustavo Gaviria.
En ese momento, se presentó Monroy Arenas con más agentes de la DAS y capturaron
a los narcotraficantes por violación de la ley de estupefacientes colombiana. Escobar y
los demás fueron remitidos a la cárcel de Medellín, pero comenzó un calvario para la jueza
encargada del proceso.
Los dos detectives que participaron del operativo, Gildardo Patiño y Luis Vasco,
fueron asesinados a las pocas semanas. La jueza fue amenazada en varias oportunidades y se
descubrió un plan para asesinarla. Oportunamente, también se encontraron evidencias de un
plan que tendía a eliminar a Monroy Arenas.
 
El caso judicial p lanteó un problema de competencias ya que un juez fronterizo r eclamaba
entender en la causa. Cansada de las presiones, la jueza de Medellín le remitió el
expediente al magistrado Franco Guido Jurado, quien resolvió otorgar la libertad a Escobar
y a su primo, y devolver los vehículos incautados. Tres meses después, el juez Jurado renunció
a su cargo y se instaló con su familia en Bonn, Alemania.
Al enterarse de estos hechos, el Juez del Tribunal Superior Nº 11 de la Capital Antioqueña,
Gustavo Zuluaga, dictó el auto de detención contra Escobar y Gustavo Gaviria,
como autores intelectuales del homicidio de los agentes policiales, sin embargo al día
siguiente, mientras su esposa se trasladaba en automóvil fue interceptada por dos personas
armadas que la hicieron descender y arrojaron el vehículo por un abismo, no sin antes advertirle:
“la próxima vez no la dejaremos bajar”12.
A pocos meses de esto, el juez fue promovido a la Sala Penal del Tribunal Superior
de Medellín, por su tenacidad en la lucha contra la delincuencia. El mismo día de su nombramiento
fue acribillado mientras se dirigía a su casa. La Corte Suprema de Colombia ordenó
abrir una investigación que con el transcurso del tiempo no tuvo resultados positivos.
Pablo Escobar era considerado todo un personaje en Medellín, sus campañas cívicas eran
celebradas por gran parte de sus habitantes y contaba con la bendición de dos sacerdotes,
Elías Cárdenas y Hernán Cuartas, quienes pronunciaban encendidas homilías en defensa
de sus campañas.
Vecinos del narcotraficante en su barrio de adolescente, La Paz, donde vivió por muchos
años y llegó a ser concejal, aseguran que Escobar llegó a acumular una importante fortuna
compuesta por casas y terrenos. Se sostiene que fue propietario en los Estados Unidos
de unos 200 departamentos distribuidos a lo largo de toda La Florida, una línea aérea y un
hotel en Venezuela, otra aerolínea en Bogotá y varios hoteles en Medellín.
También fue propietario de una hacienda, conocida como “Hacienda Nápoles”, que
cuenta con un zoológico y llegó a tener una nómina de 843 empleados.
Otro de los grupos que comenzaron a hacer dinero fácil con la venta de drogas en
Colombia, lo componen los miembros del llamado Clan Ochoa. Este grupo comenzó a e structurar
en forma rápida su negocio y organización con la conducción de don Fabio Ochoa
12 «Los Jinetes de la Cocaína» op. cit.
 
Restrepo, al que se unieron en forma rápida sus seis hijos Juan, Fabio, Jorge Luis, Cristina,
Ángela y Martha Nieves.
Don Fabio Ochoa, fue considerado como uno de los fundadores de la ciudad de
Medellín, en donde a poco de establecerse se dedicó a la cría de ganado. Durante los años 30,
su poder económico –por la venta de animales–, sumado a la gran cantidad de tierras que
fue adquiriendo, lo convirtieron en uno de los más poderosos y prestigiosos hacendados o
terratenientes de Colombia.
Jorge Luis Ochoa, el más osado y arriesgado de los hermanos, asumió, con la anuencia
de su padre, el liderazgo de la familia y dispuso la estrategia: empezar a colonizar los
mercados de droga en Estados Unidos. Para ello, en agosto de 1978, envió a su hermano Fabio
a estudiar a los Estados Unidos, quien tomó verdadera conciencia de una importante
demanda que la sociedad americana tenía para consumir marihuana. Es así, que volvió a M edellín
y propuso a su familia organizar un “negocio” para exportar marihuana, lo que fue
inmediatamente aceptado, debido que el producido de la venta de ganado no era redituable
por el decaimiento de los términos de intercambio de ese tipo de productos.
Durante los últimos años de la década del 70, la familia Ochoa comenzó a introducir
marihuana en Estados Unidos y contrataron los servicios de asesoramiento de Luis “Kojak”
García, un narcotraficante experimentado que conocía a la perfección las rutas. Con este
asesoramiento, descubrieron que el verdadero negocio no radicaba en la venta de marihuana
sino en introducir cocaína.
El problema fundamental consistía en que la hoja de coca no crece naturalmente en
Colombia, sino que la debían comprar a diversos grupos en Bolivia y Perú.
Por ello, Jorge Luis propuso formar una suerte de Cosa Nostra Criolla, que supervisara
desde las plantaciones de hoja de coca hasta la introducción del clorhidrato de cocaína
en EE.UU. y Europa. Así, instalaron laboratorios, pistas de aterrizaje, centros de fraccionamiento
y de distribución. En nuestros días, sólo en Medellín, hay un promedio de cinco asesinatos
por día atribuibles a los Ochoa, quienes pagan por un simple asesinato unos u$s 100
y por asesinar a un ministro u$s 30.000. Obviamente, los asesinos provienen del l lamado
Gran Medellín, una de las zonas más pobres de la ciudad, cuyos habitantes por poco dinero
están dispuestos a todo.